Este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por hacer
cosas de las que los españoles nos podamos sentir especialmente orgullosos,
pero esta semana hemos conocido la posible implicación del presidente del Gobierno en el
escándalo Bárcenas habiendo recibido sobresueldos cuando ya era alto cargo de
la Administración del Estado, incumpliendo, por tanto, la Ley de Incompatibilidades
y no sabemos si otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo,
hemos constatado que el presidente del Gobierno había mentido a los
españoles cuando dijo que no había cobrado nunca dinero de la trama,. La posibilidad de que eso sea cierto nos llena
de inseguridad y de frustración por un presidente que ha cometido el pecado
capital en la actitud que un representante público tiene que tener ante la
ciudadanía, que es no mentir jamás, y Mariano Rajoy ha mentido.
Junto a esto, esta semana se ha producido un acontecimiento
que en términos sociales puede ser una hecatombe: El Gobierno de España ha
decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional, que también lo ha admitido a
trámite, el decreto anti desahucios del Gobierno del presidente Pepe Griñán.
En términos políticos
esta decisión no tiene precedentes: trae causa de una supuesta impugnación de las instituciones europeas al decreto de
un gobierno autonómico, el único que decidió ponerse de manera proactiva a
proteger a la ciudadanía y a legislar contra los desahucios. Pero lo que
sorprende más es que sólo cuando ha habido un pronunciamiento de la Unión
Europea, para el Gobierno de España se han producido las condiciones para
cuestionar la constitucionalidad.
Es muy extraño que, cuando la Unión Europea cuestiona el
decreto porque entiende que puede poner en peligro el sistema financiero
europeo, casi el sistema financiero mundial (eso no se lo cree nadie), de
repente el Gobierno de España descubre que nuestro decreto es inconstitucional.
Tiene mucha gravedad porque ni el Tribunal Constitucional ni la Constitución
están para satisfacer la ambición sin límites de la Unión Europea de intentar
subyugar todo a la economía y a los intereses de las grandes empresas bancarias
de nuestro país.
Que se haya buscado la trampa del TC nos parece especialmente grave y,
además, pone en evidencia a un Gobierno que dijo que accedíamos a la ayuda de
Europa para la recuperación de nuestro sistema financiero sin ningún tipo de condición política y vemos
ahora que esa también fue una gran mentira del presidente Rajoy. Está claro que
se firmaron condiciones inasumibles para un país e inconfesables para el
presidente del Gobierno de España, hasta tal extremo que no nos hemos dado
cuenta de que existían esas condiciones hasta que han decidido recurrir
haciendo trampa y manoseando el tribunal constitucional, este decreto.
Que se haya recurrido este decreto supone también un
gravísimo daño para los andaluces y andaluzas que, después de haber perdido su
puesto de trabajo, están también ante el
precipicio de perder su vivienda porque no pueden pagar su hipoteca.
Nos parece muy grave que haya un Gobierno en España que haya
decidido ponerse por encima de la realidad durísima que están viviendo miles de
familias en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. El azote del paro no
puede tener el remate del desahucio, salvo para aquellos que viven por encima
de los demás y que tienen una situación económica muy desahogada, la que le proporcionan los
sobresueldo de miles de euro que han recibido algunos y que les han permitido,
a ellos sí, vivir por encima de sus posibilidades.
Es muy duro lo que está pasando y, a partir de ahora, cada
desahucio que se produzca en Andalucía va a tener la firma del presidente del
Gobierno, la de Mariano Rajoy, que está haciendo
un daño sin límites a este país, gestionando la crisis de manera absolutamente
errónea y convirtiéndose en un factor que hace todavía más daño a las familias
españolas
Desde Andalucía vamos
a seguir luchando. Desde el PSOE de Andalucía le pedimos al presidente Griñán
que siga defendiendo, como ha hecho hasta ahora, el interés general de
Andalucía y a las familias que se ven azotadas
por estas circunstancias terribles provocadas por la crisis.
Tenemos la razón y la Justicia está de nuestra parte.
Estamos seguros que vamos a ganar el recurso ante el TC y Andalucía va a poder
legislar porque nuestra norma era perfectamente legal, justa y constitucional.
Pero en este tiempo va a hacerse un daño a esta tierra, a las familias que
están en esta situación tan complicada.
Pedimos al Gobierno andaluz que con toda la fuerza de
nuestro Estatuto, de la Constitución Española, con la razón que da saber que se
está haciendo algo justo e indispensable para la vida de muchas familias, que
defienda esta norma, que es una buena norma, que estaba ya dando resultados.
Si tienen que darse desahucios, hay uno que debe producirse sin que tarde
mucho aquel que produzca que los que están en el Gobierno salgan de este gobierno,
quienes dictan normas injustas y contra aquellos gobiernos que sí legislan en
defensa de los ciudadanos salgan de esa capacidad y responsabilidad de gobierno
y haya un cambio en España que empiece por que el Gobierno de este país empiece
a legislar a favor de los ciudadanos y de los que lo están pasando mal por
culpa de esta crisis.
